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El reciente anuncio sobre una reforma electoral a nivel nacional coloca en el ojo del huracán a las elecciones que se vivirán en 2027 en gran parte de la geografía mexicana. En medio de un clima geopolítico convulso, las autoridades federales deberán navegar entre los límites de la libertad, intentando legislar un tema que, hasta hoy, parece ser uno de los experimentos más visibles para detener lo que, a simple vista, sería un intento de fuerzas extranjeras por influir en la percepción ciudadana sobre el gobierno en turno.
Es por eso que las autoridades federales y, sobre todo, las corrientes políticas en el poder deben ser autocríticas consigo mismas. Gran parte de las quejas y regiones donde se ha gestado un malestar generalizado hacia el gobierno en turno se han visto envueltas en un caos social y de seguridad que ha agudizado problemáticas que, si bien se han vivido desde hace décadas, también evidencian la falta de capacidad política y administrativa de ciertos gobiernos para resolver de forma cabal los problemas que aquejan al ciudadano promedio.
Con casi una década en el poder, el discurso sobre la culpa y responsabilidad de las administraciones anteriores deja de convencer a gran parte del electorado, que parece ver tal argumento como un pretexto más que como un motivo justificable.
Es aquí donde la propuesta de reforma debe ser trazada con absoluto cuidado, exponer criterios claros y objetivos justificables para evitar interpretaciones ambiguas que puedan servir a cualquiera de los actores involucrados. Asimismo, la reforma electoral deberá centrarse en aplicar alternativas de nulidad a todos los partidos que participen en el proceso, evitar privilegios políticos y, además, utilizar solo argumentos sólidos y comprobables antes de invalidar cualquier proceso.
No solo eso, la misma propuesta de reforma electoral debe promover la transparencia en la revisión de los resultados sin generar desconfianza, promoviendo la participación no solo del Estado, sino también de la ciudadanía y expertos en materia democrática. Asimismo, se debería prestar atención a otro de los grandes problemas que se han presentado desde antaño en las elecciones: la injerencia del crimen.
Es indispensable que dicha reforma electoral sea creada buscando una herramienta capaz de fortalecer el poder ciudadano y democrático del mexicano, más que como una alternativa para acrecentar disputas políticas a cualquier nivel o perpetuar cualquier proyecto; de lo contrario, cualquier intento por reformar los procesos electorales terminará debilitando la estabilidad institucional que nuestro país tiene décadas intentando construir.
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