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Bloque Político de Uruapan exige respeto irrestricto al Estado de Derecho tras caso de Ignacio Campos.

URUAPAN, MICH. — Ante el escenario político y judicial que atraviesa el municipio, el Bloque Político de Uruapan emitió un pronunciamiento oficial respecto a los hechos vinculados con el profesor Ignacio Campos. En un mensaje contundente, la organización subrayó que la justicia no debe ser utilizada como herramienta política y demandó un apego estricto a la legalidad.
El debido proceso como prioridad.
El Bloque enfatizó que cualquier actuación por parte de las autoridades judiciales o administrativas debe regirse por los principios fundamentales que sostienen la democracia. Señalaron que, si bien la ley debe aplicarse sin distinción alguna, es imperativo evitar los juicios anticipados y los señalamientos que carecen de sustento jurídico.
«No se trata de defender personas, sino de defender principios. La ley debe aplicarse con rigor cuando exista responsabilidad, pero siempre garantizando justicia y respeto cuando no la haya», sentenció el organismo en su comunicado.
El riesgo de la «indefensión política».
Uno de los puntos más críticos de la postura fue la advertencia sobre el uso del poder público para influir en procesos judiciales. El Bloque expresó su preocupación ante contextos donde los intereses de quienes detentan el poder podrían vulnerar principios básicos como:
Presunción de inocencia: El derecho de todo ciudadano a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Imparcialidad: Actuaciones libres de sesgos ideológicos o políticos.
Transparencia: Claridad total en las instituciones para no debilitar la confianza ciudadana.
Instituciones bajo la lupa.
Finalmente, el Bloque Político de Uruapan hizo un llamado enérgico a las instituciones para que actúen con responsabilidad y objetividad. Reiteraron que la claridad institucional es el único camino para mantener la estabilidad social y la confianza del pueblo uruapense.
El mensaje concluyó con una premisa clara: el deber de las autoridades es proteger los derechos de todos los ciudadanos, asegurando que ningún proceso legal se vea empañado por percepciones de revanchismo o manipulación política.

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