La investigación sobre el manejo de recursos públicos en Michoacán durante la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo(2015-2021) no es nueva. Sin embargo tras las detenciones recientes de funcionarios de alto rango, le han dado al caso un giro inesperado.
Uno de los primeros incidentes relacionados con el exgobernador de Michoacán, ocurrió ocurrió en enero de 2023, cuando tres elementos de seguridad cercanos al exgobernador fueron hallados en un rancho en la comunidad de Ojo de Agua Las Joyitas, en Lagunillas.
Desde entonces, las acusaciones sobre irregularidades en la gestión de recursos públicos no han cesado. En este sentido el propio Aureoles se dijo en su momento, víctima de una persecución política, pero la administración actual, encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla, continúo con el caso realizando más investigaciones y señalamientos.
Al final, parece que todo escaló hasta llegar a la Fiscalía General de la República (FGR), quien ha realizado una serie de detenciones que han cimbrado a la política estatal. Entre los detenidos se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración, capturado la Ciudad de México tras ser deportado de Estados Unidos; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la misma secretaría; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, aprehendido en Zinacantepec, Estado de México.
Paralelo a estas detenciones, se han girado órdenes de aprehensión contra otros exfuncionarios que aún se encuentran prófugos, entre ellos el propio exgobernador Silvano Aureoles Conejo y Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública. Aunque circulan versiones sobre la posible captura de Aureoles en Zapopan, las autoridades no han emitido una confirmación oficial.
La FGR acusa a la ex administración de realizar una obra en Zitácuaro por 4 mil millones de pesos de la cuál no se tiene una envidencia concreta sobre su realización. Aunado a esto, no se debe olvidar el tema de los cuarteles policiales y las presuntas irregularidades en su construcción, cuya investigación ha quedado en pausa o por lo menos lejos del ojo público.
Los recientes arrestos sugieren que el caso apenas comienza a esclarecerse y que dará mucho de qué hablar en las próximas semanas o meses. Lo único cierto es que las detenciones están ocurriendo y le darán paso a un proceso judicial y político que apenas inicia.
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