Editorial: El rechazo a la verificación vehicular

La “prórroga indefinida” implementada a la verificación vehicular y ordenada por la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), reafirma el fracaso y el rechazo ciudadano hacia la medida planteada en el gobierno de Michoacán.

Dichas circunstancias no resultan sorprendentes, desde el anuncio de esta normativa, diferentes organizaciones de transportistas y algunas ciudadanas, manifestaron su inconformidad y predijeron lo complicado que le resultaría al gobierno lograr una recaudación buena en un ramo tan sobreexplotado como el vehicular (no debemos olvidar el reemplacamiento y el fantasma de la tenencia).

Es verdad, la realización de medidas que garanticen la salud y un medio ambiente sano en la entidad son necesarias, sin embargo, las normas realizadas por la autoridad estatal (particularmente, esta verificación vehicular) no hacen más que incentivar corrupción sin garantizar una solución real al problema de los contaminantes. En muchas ocasiones, el titular de la dependencia, Ricardo Luna García, ha defendido dicho cobro argumentando su implementación en urbes de gran tamaño, como la Ciudad de México; sin embargo, dicha medida no ha resuelto la crisis ambiental y solo es una mina de oro para los cuerpos policiacos corruptos de la ciudad.

¿Cómo planean las autoridades michoacanas evitar que esto se repita en el estado? La verdadera respuesta es que no se plantearon la problemática, ni siquiera aún después de conocer que a finales de 2018, Michoacán volvió a destacar por tener el quinto lugar en corrupción policiaca, según cifras de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP).

Para lograr concretar acciones que beneficien a la ciudadanía en general, es necesario comenzar a implementar medidas bien pensadas y planeadas integralmente. Tristemente, pareciera que las autoridades estatales siguen realizando acciones sin una visión clara.