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URUAPAN, MICH.– La consejera estatal de Morena y exregidora, Fabiola Contreras Negrete, hizo un firme llamado a evitar que las tragedias sociales sean utilizadas como herramientas de golpeteo político. Afirmó que la justicia en Michoacán no debe contaminarse con especulaciones mediáticas ni campañas de desgaste en redes sociales.
Al respecto, calificó como un acto positivo y de transparencia que el diputado federal, Leonel Godoy Rangel, y el expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos, comparecieran ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en calidad de testigos, demostrando que «no hay nada que ocultar».
Exigencia de rigor e investigación sin privilegios
Contreras Negrete subrayó que el deseo de los michoacanos es que se alcance la verdad, pero bajo un estricto Estado de Derecho donde nadie sea condenado por insinuaciones. Lamentó que figuras públicas, incluido el senador Raúl Morón Orozco, hayan sido blanco de señalamientos que responden más a una estrategia de presión política que a elementos jurídicos reales.
«Este municipio necesita justicia, no linchamientos políticos. La verdad debe construirse con pruebas y dentro de la ley, no mediante campañas de presión pública colgadas en las redes sociales», fijó ante los medios de comunicación.
Contradicciones en el círculo cercano de las víctimas
La consejera morenista apuntó directamente hacia las incongruencias detectadas en las declaraciones del círculo cercano de las víctimas, principalmente respecto a la entrega de pruebas clave.
Falta de cooperación: Cuestionó que se retengan elementos cruciales para la investigación, como teléfonos celulares.
Incongruencia institucional: Señaló que existen declaraciones grabadas en redes donde primero se afirma no confiar en la Fiscalía para entregar los dispositivos y, posteriormente, se contradicen asegurando tener una buena relación y plena confianza en el Fiscal.
Llamado a la Fiscalía.
Finalmente, Fabi Contreras exigió a las autoridades ministeriales investigar con seriedad, rigor y sin dar margen a espectáculos mediáticos. Solicitó que las indagatorias se extiendan a todos los hechos y a todos los posibles vínculos alrededor del caso, «sin excepciones y sin privilegios políticos».
Asimismo, manifestó su confianza en que, una vez esclarecidos los hechos, se emprendan las acciones legales correspondientes en contra de aquellos actores políticos que han utilizado la difamación como un trampolín para intereses personales
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