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Una presunta “lista de la muerte” reaviva preocupación por riesgos a funcionarios de Uruapan

A más de un mes de la tragedia ocurrida en Uruapan, Michoacán, una reciente columna del periodista Raymundo Riva Palacio generó alerta al mencionar la existencia de una presunta “lista de la muerte” atribuida a un grupo criminal que opera en la región. De acuerdo con lo publicado, en dicha lista figurarían cuatro integrantes con relevancia política vinculados, directa o indirectamente, al denominado Movimiento del Sombrero.
Las personas mencionadas en la columna son:
  • Carlos Alejandro Bautista Tafolla: diputado local y aliado político del fallecido exalcalde Carlos Manzo, considerado pieza clave dentro de su proyecto.
  • Esteban Constantino M.: secretario de Obras y Movilidad de Uruapan, a cargo de permisos, infraestructura y obras públicas.
  • Omar Hernández M.: director de Patrimonio Municipal, responsable de la administración de terrenos, licencias y trámites inmobiliarios, áreas señaladas por especialistas como vulnerables a intereses ilícitos.
  • Diputada Lupita Arias: diputada federal independiente, reconocida por su postura crítica frente a la corrupción y la inseguridad en Michoacán.
Analistas consultados en diversos medios señalan que los cargos relacionados con obras, permisos, patrimonio municipal y posiciones legislativas estratégicas suelen ser de interés para estructuras criminales, debido al acceso que brindan a decisiones que pueden impactar en rutas, operaciones o disputas territoriales.
La difusión de esta información, basada en la columna de opinión, ha generado preocupación sobre los potenciales riesgos que podrían enfrentar los funcionarios mencionados y ha reavivado el llamado a que el Gobierno de Michoacán y la Fiscalía General de la República fortalezcan las medidas de protección, especialmente tras las fallas previamente señaladas en la seguridad del fallecido exalcalde Manzo.
Este episodio vuelve a poner de relieve la compleja relación entre política y crimen organizado en Michoacán, así como la necesidad de mantener una vigilancia estricta sobre funcionarios que ocupan puestos sensibles, particularmente en un contexto donde líderes políticos han sido víctimas de violencia reciente.

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