Editorial: La tarifa sube, la calidad espera

El transporte público ha sido una de las grandes problemáticas que enfrenta Michoacán. A lo largo de su territorio, la entidad ha padecido deficiencias que dificultan la movilidad de sus habitantes: desde infraestructura inadecuada hasta unidades que carecen de las condiciones necesarias para que los usuarios lleguen a sus destinos con seguridad y comodidad.

Este problema recurrente no ha sido ajeno a las administraciones estatales y municipales. Diversos gobiernos han implementado programas para facilitar que el sector transportista mejore el servicio y renueve sus unidades. Sin embargo, los resultados han sido limitados. El intento más reciente, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, contempló la renovación del parque vehicular en ciudades fundamentales para la movilidad de la entidad, como Uruapan y Morelia.

Pese a estas acciones, los resultados están lejos de ser satisfactorios, especialmente en el transporte urbano, integrado por microbuses y las popularmente conocidas como combis. La falta de capacitación de una parte de los operadores continúa siendo evidente y, en más de una ocasión, ha provocado accidentes que ponen en riesgo no solamente a los pasajeros, sino también a peatones, automovilistas y a los propios trabajadores del volante.

Por ello, resulta contraproducente incrementar las tarifas de un sector que pocas veces ha demostrado una mejora sustancial en su operación y en el que continúan predominando las deficiencias. En ciudades como Uruapan, las nuevas unidades no han sido suficientes para atender la creciente demanda de transporte público. A ello se suman la falta de operadores, los prolongados tiempos de espera y la deficiente atención en algunas rutas, condiciones que generan inconformidad entre la población, que percibe el aumento más como un golpe a su economía que como una medida justa y necesaria para el sector transportista.

Antes de exigir que los usuarios paguen más, autoridades y concesionarios deben garantizar mejoras verificables en seguridad, capacitación, frecuencia, limpieza, cobertura y calidad de las unidades. Un aumento tarifario solamente puede justificarse cuando se traduce en un servicio más eficiente y digno; de lo contrario, significa trasladar a la ciudadanía el costo de problemas que el propio sistema de transporte no ha sido capaz de resolver.